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Los registros administrativos constituyen una fuente excelente de información para la investigación social. Sin embargo, suelen emplearse sólo para respaldar administrativamente los trámites efectuados y se pierde la utilidad social y científica de esos datos, así como su capacidad de diagnosticar y favorecer el trabajo de las propias instituciones encargadas de dar atención a las personas que reclaman alguna probable violación a sus derechos humanos. En este libro se reporta el procedimiento seguido en un singular ejercicio de aprovechamiento de ese tipo de información.
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